El año pasado vivimos un momento bastante tenso en la sociedad española cuando, en un acto bastante cuestionable del Tribunal Supremo, decidió que los gastos del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales proveniente de las hipotecas debían de ser satisfecho por el consumidor en lugar de por las entidades bancarias. Esto fue bastante polémico por el hecho de que este impuesto es una vulneración flagrante de la Ley, y el motivo no es otro que el más beneficiado por el impuesto no era otro sujeto que la propia entidad financiera, y nadie más.
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